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Noticias y artículos
Las sociedades cooperativas. El cooperativismo es la fórmula de economía social con mayor peso y tradición en Cataluña.
En el momento de iniciar una actividad económica, uno de los aspectos que debemos plantearnos es el de la forma jurídica más adecuada para la actividad que queremos llevar a cabo. Si el nuestro es un proyecto compartido, queremos que las personas que lo forman puedan votar y decidir sobre las decisiones tomadas y que se base en el principio de una persona un voto, seguramente la fórmula que más encaja con estas características es la de cooperativa . El cooperativismo es la fórmula de economía social con mayor peso y tradición en Cataluña. En diciembre del 2021 en Cataluña había un total de 4.521 cooperativas, que emplean a 45.417 personas, con una facturación conjunta de 4.500 millones de euros.
La economía social y solidaria en Anoia
Son diversas las iniciativas de la comarca de Anoia que optan por priorizar prácticas ambientales y sociales más justas y que articulan alternativas al sistema económico actual. Hablamos de iniciativas que se mueven en el campo de la llamada Economía Social y Solidaria (ESS). Encontramos proyectos que pretenden cubrir un amplio abanico de necesidades, desde la alimentación, el acceso a la vivienda, el consumo energético o el desarrollo de proyectos educativos o culturales.
En Grup Carles acompañamos y asesoramos proyectos cooperativos y de economía social y solidaria
En Grup Carles hemos renovado recientemente el Sello Aquí Asesoramos a la Economía Social que acredita que hemos seguido una formación específica en economía social y solidaria. Esta formación nos permite conseguir la especialización fiscal, laboral y jurídica del modelo cooperativo y acredita que tenemos, conocemos y trabajamos en red con el movimiento cooperativo y las administraciones públicas.
Nuevos incentivos a la contratación
Este pasado mes de enero se publicó el Real Decreto Ley 1/2023, en el que se establecen un importante número de bonificaciones destinadas a promover la contratación de determinados perfiles como personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o de tráfico de seres humanos, personas en riesgo de exclusión social, desempleadas de larga duración o víctimas del terrorismo, así como las personas jóvenes menores de 30 años que sean beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.