La vivienda es un problema extremadamente complejo, todo el mundo es partícipe en alguna medida y los puntos de vista son diversos.

Todos los factores que intervienen chocan e interaccionan entre ellos, el mercado laboral, la propiedad del suelo, los costes de la construcción, el urbanismo, la eficacia de la justicia... y no existen soluciones mágicas para resolver todas estas situaciones.

Legislar de forma precipitada, con un enfoque únicamente orientado a intereses inmediatos y promocionales, nos conduce a la aprobación de leyes mal hechas y con fecha de caducidad. El próximo partido político volverá a utilizar estrategias de comunicación y ajustará sus leyes según las circunstancias del momento.

El resultado es inseguridad jurídica para todos y un escenario que cambia, pero no mejora.

Creo que es necesario aportar estabilidad y seguridad al mercado del alquiler, con contratos de mayor duración, actualización de rentas más constante y, sobre todo, proporcionar más recursos en la justicia. Los inquilinos necesitan estabilidad para que el alquiler sea una alternativa real a la tenencia de vivienda, tanto en duración como en renta. La nueva ley apunta un poco en esa dirección, pero no demasiado.

Paralelamente, la propiedad requiere que la posible conflictividad en la vivienda sea resuelta de forma ágil y con seguridad para todas las partes involucradas. Aportar confianza al proceso no es un problema si el sistema de resolución de conflictos cuenta con suficientes recursos y funciona eficientemente.

En cuanto a la división planteada con los grandes tenedores, creo que no va a ser beneficiosa en zonas como Igualada. Poner en el mismo saco a alguien que tiene 5 viviendas en alquiler, con alguien que tiene un fondo de inversión internacional con miles de viviendas, no es coherente.

Los pequeños inversores locales tienen un papel muy importante en la regeneración urbana, interviniendo tanto en pisos individuales como en edificios completos. Por su estructura, son también muy susceptibles a la inestabilidad legislativa, y la incertidumbre, seguro que detendrá o retrasará proyectos.

Por último, y para mí el punto más relevante de todo ello, es que la Administración debe incrementar significativamente el parque público de vivienda en régimen de alquiler. Tiene que jugar un papel fundamental y no puede confiar todo exclusivamente al sector privado. Es necesario que éste sea un objetivo persistente y orientado hacia el largo plazo, totalmente contrario a la tendencia actual.