El derecho a la vivienda: una asignatura pendiente

Esta semana ha sido noticia como la reforma que pretendía hacer el Gobierno de Pedro Sánchez, mediante el Real Decreto 21/2018, quedaba en nada en no recibir el soporte necesario para su convalidación en el Congreso de los Diputados.

La Reforma incidía en aspectos concretos de la regulacion de los arrendamientos, y este sentido, en los arrendamientos de viviendas, alargaba la duración mínima obligatoria a cinco años, si el propietario era un particular, y a siete, si el propietario era una persona jurídica: alargaba la duración de las prórrogas del contrato, y contenía otras medidas como la no sujeción en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, a la vez que también modificaba mínimamente la tramitación de los desahucios.

Según el gobierno español, y así lo indica en el preámbulo de Real Decreto, estas medidas tenían que servir para dar respuesta a la necesidad de vivienda de alquiler y a equilibrar la posición jurídica del propietario y del arrendatario.

La no convalidación del Real Decreto nos devuelve a la situación anterior, con una duración mínima obligatoria de tres años para los arrendamientos de viviendas y prórrogas anuales.

Son diversos los dictámenes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que entienden que la legislación española no regula debidamente los procedimientos relativos al derecho a la vivienda, entendiendo que el sistema actual puede no garantizar el derecho fundamental a una vivienda, y que no hay un sistema de medidas que garanticen que en el momento en que se ha producido un desahucio se haya actuado teniendo en cuenta criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

La reforma que pretendía el gobierno español abordaba de pasada el procedimiento judicial de desahucio, estableciendo la posibilidad de una comunicación a Servicios Sociales para valorar la existencia de una situación de vulnerabilidad que tenía que dar lugar a la paralización del procedimiento judicial de desahucio durante un periodo de un mes, para que, a través de Servicios Sociales, se “adoptaran las medidas que estos consideraran oportunas”. Pretender que con esta medida se dé respuesta, aunque fuera mínimamente, ante una situación de vulnerabilidad, no dejaba de ser una hipocresía, puesto que si no se dota de vivienda social suficiente, es ampliamente conocido, que en un mes y sin viviendas sociales para ofrecer, muy poca cosa pueden hacer desde Servicios Sociales.

También en materia de vivienda, el pasado 12 de junio se publicaba la Ley 5/2018 que agiliza y acorta los plazos del procedimiento de desahucio en los casos en que no hay contrato de arrendamiento que justifique la posesión de la vivienda.

Es un hecho que su múltiples y variadas las situaciones vitales que llevan a la ocupación sin contrato de una vivienda. La ley indicada, en su apartado Cuatro, prevé que se comunicará a Servicios Sociales el desahucio porque en un plazo de siete días adopten las medidas de protección que correspondan. Por más esfuerzos que puedan hacer desde Servicios Sociales, parece difícil o imposible que en siete días puedan ofrecer una solución a estas situaciones, si no se los dota de los medios necesarios para hacerlo.

Tengo la sensación que reformas parciales, como lo era lo Real Decreto que finalmente no sale adelante, solo son parches a una situación, como es la de la vivienda, que requiere de un replanteamiento total.

 

Eulàlia Closa

Abogada de Grup Carles Advocats